El abandono de los MENA por parte de las instituciones públicas

Fotografía: Save the children

CONTEXTO

El interés del menor es uno de los principios que rige el sistema de Derecho Español. Viene recogido en la Convención de Derechos del Niño1 – ratificada por España en el año 1990- así como en la LO 1/1996 de Protección Jurídica del Menor.2 Supone, entre otras cosas, que la protección y la seguridad del y la menor han de prevalecer sobre otros intereses, como la política migratoria del Estado.

La citada ley establece asimismo que la Entidad Pública, en caso de situación de desamparo del menor, asumirá su tutela por ministerio de la ley.3 En este sentido, es muy importante destacar que no es relevante si el o la menor es nacional o extranjero/a, tal como se desprende del artículo 35 de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. El mencionado artículo dispone tanto la prevalencia del interés superior del menor como la tutela por parte de la Administración Pública o de otra entidad, cuando, en aras de ese interés superior, se determina la permanencia del menor en el Estado Español.

Es decir, existe una obligación por parte de las instituciones públicas de velar por los y las menores extranjeros/as en situación de desamparo. Así lo reitera la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el cual subraya que un/a menor no acompañado/a es ante todo un niño/a expuesto a un peligro potencial, y que su protección debe ser el principio rector de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de políticas de inmigración.4

La situación legal, sin embargo, difiere mucho de la realidad. Aunque es difícil saber con certeza los datos, se estima que en España hay más de 1000 Menores Extranjeros No Acompañados, o también conocidos como MENA, que viven en la calle, de los cuales unos 150 aproximadamente se encuentran en Melilla,5 sin que Gobierno o instituciones tomen riendas en el asunto.

 

Fotografía: agencia EFE

 

MALOS TRATOS A MENORES

El número de menores que viven en la calle – a la vista y conocimiento de las autoridades- no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Según el informe “De niños en Peligro a niños Peligrosos” elaborado por la ONG Harraga, los menores de Melilla prefieren dormir en la calle antes que en centros de menores – entre otros, el Centro La Purísima. Entre las razones se encuentran los malos tratos, las vejaciones y humillaciones que sufren.6

La descripción de las condiciones de los menores en dicho centro bastaría para escribir un artículo, pero lo que aquí queremos resaltar es la ausencia total de medidas por parte de las autoridades en el cumplimiento de las disposiciones establecidas legalmente de tutelar y proteger a los menores con independencia de su origen.

No sólo las instituciones son incapaces de ofrecer a los MENA las condiciones mínimas de amparo, si no que, además, muchos de los malos tratos que sufren proceden de las propias autoridades, especialmente de la guardia civil y la policía. Sus testimonios narran cómo los primeros les profieren insultos, tiran sus pertenencias al agua o incluso, en ocasiones, les agreden físicamente. 7 Por su parte, la policía realiza redadas y, según sospechas de fuentes cercanas al Observatorio Frontera Sur, muchos de ellos son devueltos a la frontera de manera extraoficial.

 

EDUCADORES DE CALLE

Esta situación de desamparo absoluto de los menores, ligado a una sistemática vulneración de sus derechos, ha intentado solventarse a través de una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Bienestar Social en Melilla– al menos, esa es la versión oficial-. Dicha acción consistió en la contratación de siete “educadores/as de calle”, a través de la empresa Carmelo Martínez, para que, desde el 21 de diciembre y hasta el 19 de enero, recorriesen las calles de Melilla y hablasen con los MENA, para conocer su situación e intentar reintegrarles en el Centro la Purísima. 8 Más allá de la idoneidad del método escogido o de la eficiencia del mismo – parece demasiado optimista creer que en un mes y con siete trabajadores/as se puede solucionar un problema de tal envergadura- son otras razones las que ponen en duda si las verdaderas intenciones de la Consejería estaban orientadas a mejorar la deplorable situación de los menores.

Dichos trabajadores y trabajadoras de calle, para cumplir con su tarea, anotaban todos los datos relevantes de cada menor (edad, origen, zona en la que se mueve…). Mientras tanto, durante las vacaciones de Navidad, la policía llevó a cabo redadas, de tal modo que éstos desaparecieron – por el momento- del centro de Melilla. Podría pensarse que esta iniciativa es una estrategia para devolver la seguridad a la zona céntrica de la ciudad.

Más allá de conjeturas o suposiciones, lo que es evidente es que la ciudad de Melilla no está tomando las medidas necesarias para buscar soluciones estables y duraderas a la situación de los MENA en Melilla; medidas que tengan en consideración el interés del y la menor por encima de cualquier otro interés.

 


Fotografía: Save the children

Notas de pie:

  1. Artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, también en nuestra sección Derecho OFS
  2. Artículo 2 LO 1/1996, también en nuestra sección Derecho OFS
  3. Artículo 18 LO 1/1996, también en nuestra sección Derecho OFS
  4.  Sentencia TS 453/2014 de 23 de septiembre de 2014, también en nuestra sección Derecho OFS
  5. Dirección General de Policía
  6. La Purísima, el lugar del que huyen los niños en Melilla. eldiario.es (2016)
  7. Esta información aparece también recogida en el Informe De niños en peligro a niños peligrosos”  editado por la asociación Harraga Melilla
  8. “Melilla pone en marcha un programa de educadores de calle sacar de la vía pública al mayor número MENA” El Pueblo de Ceuta.es (2016)

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