A los tres años de la tragedia del Tarajal

Porque las expulsiones se han seguido produciendo tras la tragedia del Tarajal, símbolo de la política migratoria y de fronteras del Gobierno, con un lamentable menosprecio hacia la vida humana, y porque las víctimas y las familias de los fallecidos siguen esperando una reparación, las ONG nos volvimos a reunir el 4 de febrero en la playa del Tarajal de Ceuta para informar, denunciar y manifestar nuestra indignación.

Efectivamente, después de la tragedia de la playa del Tarajal, en la que murieron ahogados quince subsaharianos, las ONG denunciamos que todavía no se ha hecho justicia, a pesar que se haya reabierto el caso en un juzgado de Ceuta.

Todas las personas que acudimos al Tarajal recordamos aquella mañana del 6 de febrero de 2014, tras haber intentado previamente burlar a pie el perímetro fronterizo de Ceuta, las aguas se tragaban a casi un tercio de los inmigrantes que trataron de alcanzar a nado la costa española vadeando el espigón, mientras los agentes de la Guardia Civil les disparaban pelotas de goma y botes de humo.

Los 23 supervivientes que llegaron a la frontera fueron entregados inmediatamente a los agentes marroquíes de manera irregular a través de la valla, sin tener en cuenta si se trataban de potenciales asilados, lo que popularmente se conoce como devoluciones en caliente. La práctica, ya por entonces, fue criticada por organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que considera que la mitad de los recluidos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) son susceptibles de ser refugiados políticos, mientras que una quincena de juristas españoles elaboraron un documento en el que acusaron al Gobierno de actuar de forma ilegal.

Conviene recordar también que Soledad Becerril, la Defensora del Pueblo, que calificó de imprudente el lanzamiento de material antidisturbios, también enmendó la plana al ministro de Interior. Jorge Fernández Díaz llegó a inventarse el concepto de frontera elástica o retráctil, es decir, que el territorio español no comenzaba tras la primera valla, sino tras la segunda; y, en el caso de la playa del Tarajal, la línea de los guardias civiles que esperaban a los subsaharianos en la orilla. Soledad Becerril había estipulado que el corredor entre ambas verjas sí es España, pero las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes han hecho caso omiso a sus advertencias, reforzadas por diversos organismos europeos.

La actuación de los guardias civiles creó tal pánico que quince personas se ahogaron. El Ministerio, para salir del paso, difundió vídeos y audios editados de la tragedia, que no sirvieron para aclarar cómo se habían producido las muertes. De hecho en el Congreso se preguntó si la Guardia Civil entregó al juzgado todas las grabaciones y si existen imágenes registradas “con cámaras térmicas de gran nitidez”, que podrían reflejar la actuación de las fuerzas de seguridad. El informe presentado por el cuerpo armado recogía que nadie había ordenado que los agentes abrieran fuego y que los disparos no tenían como objetivo los subsaharianos, sino que su propósito era dibujar una “línea imaginaria” que delimitase la frontera en el mar. Esa “línea imaginaria” se trasladaría luego a la playa, según Fernández Díaz, y tomaría la forma de cordón policial. El ministro, que había inventado un nuevo concepto de frontera que provocó rubor e indignación entre juristas, ONG e instituciones, también se había defendido diciendo que el uso de material antidisturbios se había producido con carácter “disuasorio” y de forma “proporcionada”.

La investigación ha venido sufriendo “dilaciones indebidas”, y aunque un juzgado de Ceuta ha reabierto la investigación, toda la historia anterior fue mirar hacia otra parte. Así Fernández Díaz continuó con su hoja de ruta contra la inmigración: nuevas mallas antitrepa, ampliación del espigón, acuerdo con Marruecos que garantiza las devoluciones inmediatas, medio millar de agentes para reforzar en agosto los pasos fronterizos (a quienes ya no se les permitiría disparar pelotas de goma) y la tesis de que detrás de la llegada de subsaharianos estaban las mafias. El jefe policial de Extranjería en la ciudad autónoma negó en una entrevista esa última posibilidad. Según él, se trataba de “un movimiento impulsivo de los inmigrantes”, porque “es imposible que exista un grupo organizado que pueda manejar tantas nacionalidades y, dentro de cada nacionalidad, cada tribu”. Llevarle la contraria al ministro supuso su destitución.

Incluso el Papa Francisco se mostró indignado por las “devoluciones sumarias” de personas que podrían ser refugiadas, víctimas de trata o precisar atención médica urgente. Pero el Gobierno, como ha denunciado Amnistía Internacional, prima el control de las fronteras sobre la protección de las personas en riesgo, hasta el punto de que el Grupo Popular promovió en el Congreso la legalización del eufemístico “rechazo en frontera” a través de la introducción de una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La reforma, en la que se ha colado el intento de dar cobertura jurídica a las expulsiones en caliente ha sido refutada por el Consejo de Europa, que considera ilegal la citada práctica.

Esta marcha hacia El Tarajal en el 2017 quiere reiterar la denuncia de todo lo ya expuesto y además de poner en evidencia que la visibilidad mediática de la inmigración es una herramienta diplomática que fuerza a la Unión Europea a destinar más recursos para reprimirla, farsa de la que participa también Marruecos al convertir la frontera en un “negocio”; ha sido patente que con las sucesivas llegadas de subsaharianos y saltos que Rabat no hizo nada para impedirlo como una forma de presionar al Ejecutivo español y, por extensión, a Bruselas. Tanto Melilla como Nador son regiones con poca actividad económica que dependen del puerto y de la frontera, pero si das dinero a Marruecos y no vigilas que se protejan los derechos humanos estás pagando a mercenarios.

En este sentido también el Ministerio del Interior, sus fuerzas de seguridad y los medios de comunicación se han encargado de que una imagen concreta se haya quedado grabada en nuestras retinas: decenas, cientos de migrantes caminan hacia la valla fronteriza de Melilla con la intención de rebasarla. En los pies de foto y de vídeo abundan los términos “avalancha” y “asalto masivo”, acompañados de los adjetivos “ilegal” o “irregular”.

En este elenco de denuncias no se puede obviar que muchos ciudadanos susceptibles de solicitar protección internacional no están dando el paso porque implicaría la demora de su estancia en el CETI o, en el caso de ser trasladados a la Península de forma arbitraria, se arriesgarían a que acarree una orden de expulsión. Mientras, otras personas especialmente vulnerables, como el colectivo LGTTBI o mujeres que han sufrido agresiones, también se eternizan en el limbo del centro de extranjeros, donde se reproducen “casos de violencia verbal y física e incluso intentos de suicidio”, subraya la también activista de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, que se encontró con unas instalaciones habilitadas para 480 personas que habían visto desbordada su capacidad hasta las 1.600, de las cuales 435 eran menores.

Pero quizá lo más importante de los sucesos del 6 de febrero de 2014, ha sido poner en primer plano el goteo de muertes que vienen produciéndose desde hace años en aguas del Estrecho y la premonición del gran número de personas ahogadas en el Mediterráneo en los dos años siguientes. Frente a esta tragedia y la desesperación de las personas decididas a buscar una vida mejor, el Gobierno español y las autoridades comunitarias solo han desplegado medidas agresivas para contener la llegada de extranjeros, nublando toda brizna de humanidad con cuchillas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, pelotas de goma, y botes de humo.

Autor: Luis Pernía Ibáñez

Fotografías: Observatorio Frontera Sur

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